LAS CAJAS Y TEORÍA DE LA ELECCIÓN PÚBLICA

Uno de los mayores problemas de gestión que sufren las grandes empresas y cada vez más las medianas es el de la vinculación de los gestores. Tradicionalmente, la dirección de los negocios estaba en manos de los propietarios que asumían y veían reflejados en sus propios bolsillos la rentabilidad de los aciertos y el coste de los errores.

Tanto quisieron a las Cajas que las hundieron. El beso de Judas. Templo de la Sagrada Familia (Barcelona).

Pero el crecimiento del negocio de las sociedades, la necesidad de crear estructuras flexibles que permitieran obtener financiación no bancaria mediante la entrada de nuevos socios, la lógica consecuencia de que esas acciones coticen en un mercado secundario organizado para ofrecer la liquidez exigida por los inversores, amén de otra serie de circunstancias han hecho que en la mayoría de las grandes empresas cotizadas la propiedad esté atomizada y por tanto, la gestión diaria del negocio se haya entregado a profesionales de la dirección de empresas.En principio, profesionalizar algo tan complejo como los órganos de dirección de una compañía no tiene nada de malo. Es más, resulta necesario ya que las cualidades que adornaron en su día al fundador de una empresa y le permitieron crear una estructura eficiente no tienen porque heredarse con la misma facilidad con que se heredan las acciones.Pero ese divorcio entre los accionistas – dueños de la empresa – y sus empleados – pues no son otra cosa los directivos – llega a ser, en ocasiones escandaloso. Una gran empresa cotizada puede tener millones de accionistas, titulares de pequeños paquetes cuyo interés básico es la obtención de una renta con la que complementar sus ingresos. En ese caso, la fuerza del capital en una Junta acaba siendo testimonial. Lo habitual es que los accionistas deleguen su voto en el Consejo de Administración o que ni siquiera asistan. De ese modo, la sociedad pasa a ser gestionada por directivos que valoran mucho más sus remuneraciones que los beneficios o la viabilidad de la propia compañía.  Además, la renovación de cargos se realiza por cooptación entre los propios directivos y sus allegados personales o profesionales, pudiéndose crear un círculo vicioso de decisiones erróneas que acaba poniendo en peligro el futuro del negocio y por ende, los ahorros de los millones de pequeños accionistas.

De ese modo, los directivos forman una pequeña oligarquía que, como todo grupo de poder acaba tomando decisiones que le benefician directamente aunque no sean las más adecuadas para la estructura que gestionan. En este caso sería perfectamente aplicable la teoría de la elección pública que le valió el premio Nobel de Economía al profesor James M. Buchanan. La idea básica sobre la que gira la misma es que burócratas y políticos tienden a maximizar el presupuesto público para, en primer lugar, cumplir sus propios intereses y sólo de modo secundario, buscar el interés social. Si pensamos que hay multinacionales cuya plantilla y presupuestos son superiores a los de algunos países no resulta aventurado equiparar una gran empresa a un estado.

Al igual que las decisiones políticas no generan costes económicos a los gobernantes sino a los contribuyentes, las decisiones de gestión de las empresas suponen costes que asumen los accionistas. En ambos casos, la gobernanza no siempre busca lo mejor para el estado o la empresa, sino lo más rentable para sus dirigentes siempre que esté en relación con lo más popular para sus ciudadanos o accionistas.

Un caso paradigmático de esta situación perversa ha sido el de las Cajas de Ahorros. Estas entidades añadían al problema habitual de divorcio entre gestores y dueños, que hemos comentado que existe en toda gran empresa, la particularidad de que sus Asambleas de Socios, aunque sean técnicamente representativas del capital, realmente no lo son, ya que ninguno de sus miembros, a diferencia de los accionistas de una compañía mercantil, se vería perjudicado ni beneficiado por los resultados de la compañía.

La estructura de gestión de las Cajas de Ahorros ha soportado, desgraciadamente para estas entidades, todos los males enunciados. La cooptación de dirigentes, agravada en este caso por la falta de preparación financiera de muchos de ellos, la falta de interés personal de los miembros de sus Asambleas y la búsqueda de rentabilidades no tanto económicas como de estatus se han repetido en todas ellas. En las compañías mercantiles, los gestores no accionistas tienden a negociar salarios elevados referenciados a los beneficios anuales sin tener en cuenta la viabilidad del negocio a largo plazo ya que su interés es personal. De ahí que muchas entidades financieras hayan abonado altas remuneraciones a directivos cuya gestión se ha revelado pésima, una vez que la crisis, en palabras de Warren Buffet ha hecho bajar la marea y nos ha descubierto cuantos bañistas estaban desnudos. La morosidad de hoy nació con la pésima política de riesgos de hace algunos años que se vendió como excepcional por el crecimiento experimentado por el negocio aunque este se asentara sobre cimientos excesivamente febles.

En las Cajas de Ahorros ese fenómeno se unió a una gestión dirigida a fomentar un cierto estatus de prestigio a través de inversiones faraónicas como museos, polideportivos o exposiciones que generaba réditos políticos a los partidos presentes en los Consejos de Administración aunque suponía un enorme tajo a las cuentas de la entidad.

Por otra parte, la financiación de empresas sin viabilidad y de promociones urbanísticas – sobre todo en el ámbito del turismo – se realizó buscando más la rentabilidad política para el partido de turno que la viabilidad real del proyecto y su capacidad de generación de fondos para asumir el repago de la deuda.

Así, a la política cultural, sin duda positiva pero desbordada, se le añadió una gestión politizada del crédito que dieron lugar al cóctel explosivo que ha destrozado el sistema de Cajas de Ahorros.