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WILSON, WALLACE Y CAPONE


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Tras el estrepitoso fracaso de su primera redada en uno de los almacenes clandestinos de Al Capone, a quien da vida un impresionante Robert de NiroEliot Ness – un convincente Kevin Costner – se ha convertido en el hazmerreir de Chicago. Al día siguiente, encuentra en la mesa de su despacho a un tipo bajito y con gafas que revisa papeles mientras fuma tranquilamente en pipa – Charles Martin Smith – y que se le presenta como Oscar Wallace, contable del Departamento del Tesoro. Cuando su nuevo compañero le propone enjuiciar al mayor gánster de la época por evasión de impuestos, Ness, que no sabe si reír o llorar, abandona la comisaría.

Sin embargo, si algo nos enseñó la persecución de las bandas mafiosas de los años veinte es que el dinero deja un rastro más permanente, claro y consistente que la sangre de los asesinatos. Capone fue capturado y condenado por evasión de impuestos, no por los innumerables crímenes cometidos.

Y tanto mérito correspondió a Los Intocables de Eliot Ness, como a la decisiva aportación de un agente del Tesoro, Frank J. Wilson, en quien está libremente inspirado el personaje de Oscar Wallace de la película de Brian de Palma.

Traigo a colación esta vieja historia que tantas veces hemos visto en cine y televisión alarmado ante la pastueña mansedumbre con la que la opinión pública ha acogido una decisión tan inmoral e injusta como la descarada amnistía fiscal aprobada por el gobierno. Quizás los españoles estemos tan, no sé si desesperados, desorientados o desmotivados, que cualquier medida económica será bien recibida si nos ayuda a intuir la luz al final del túnel.

Esta decisión pone de manifiesto la flagrante impotencia de los sucesivos gobiernos de España ante un fenómeno tan extendido como es la economía sumergida y el dinero negro. Mediante la regularización fiscal, el estado hace dejación de sus funciones y claudica ante los infractores que se sienten impunes mientras las clases medias, que son el soporte fiscal de toda sociedad moderna, asisten, con mirada atónita a un espectáculo tan poco ejemplarizante.

Además, es profundamente injusta. Hoy, esas mismas clases medias están soportando tipos impositivos casi confiscatorios, que suponen la mitad de su renta, a la vez que sufren la reducción de servicios públicos que llevan años pagando. Entre tanto, los defraudadores esperan felices la legalización, a cambio de un mísero diez por ciento, exento de sanciones,  intereses o recargos, del dinero que han ocultado.

También se genera un evidente riesgo moral, ¿qué más da delinquir fiscalmente si en cualquier momento el gobierno de turno nos va a permitir lavar nuestro dinero negro? Es curioso que dicha expresión naciera cuando agentes del Tesoro estadounidense – otros Wallace y Wilson – demostraron que la mafia utilizaba cadenas de lavanderías automáticas para colocar el dinero obtenido en sus negocios ilícitos como la prostitución, el juego o el tráfico de drogas.

Y, por último, está por ver su efectividad.

El liberalismo acabó con los pecheros, nos hizo contribuyentes iguales ante la ley. Desgraciadamente, este tipo de decisiones ultrajan los más básicos principios de nuestra democracia. ¿Hay que recordar el artículo 31 de la Constitución? ¿Se nos ha olvidado que es obligación de todos y no solo de unos cuantos, el sostenimiento de los gastos públicos? ¿Dónde queda la idea de un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad? Aparentemente, es mejor defraudar y esperar a que algún futuro gobierno necesitado de fondos decrete una nueva amnistía.

Se afirma que la cuarta parte de nuestra economía escapa al control de la Hacienda Pública. Es un porcentaje vergonzoso que debería estimular a nuestros dirigentes a poner a disposición de la administración tributaria los medios necesarios para erradicarlo, reforzando los mecanismos de inspección y aumentando las sanciones.

Es mucho mejor que el estado dedique fondos a la persecución del delito fiscal antes de verse en el trance de actuar como colaborador involuntario de los delincuentes. Aunque en la película de Brian de Palma, a Oscar Wallace lo asesinara Frank Nitti, dando a la trama una gran carga dramática, el agente del Tesoro Frank J. Wilson, que fue quien realmente atrapó a Capone y lo llevó a la cárcel, falleció en su casa, a la provecta edad de ochenta y tres años. Corría ya 1970 y Capone y sus socios, entre ellos Frank Nitti, habían muerto, muchos de ellos en la cárcel o tras pasar largas temporadas a la sombra.

Ver como algún que otro empresario, intermediario, conseguidor o cargo político sospechoso de haber incrementado su patrimonio mediante operaciones fraudulentas en estos últimos años, regulariza su situación fiscal abonando un magro diez por cierto del fruto de la rapiña, será terrible. Millones de ciudadanos honrados sentiremos una sonora bofetada en la cara. No nos extrañemos si todos los que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales caemos en la tentación de sospechar que existen oscuras e intrincadas tramas y conspiraciones.

Nadie niega la existencia de una cierta tolerancia social ante la defraudación que puede deberse, según muchos, a una imposición excesiva o injusta o a la desconfianza en la gestión de los fondos públicos. Eso no es más que una excusa de los defraudadores a quienes deberíamos recordarles la vieja regla romana solve et repete – primero paga y después reclama – porque lo cierto es que, con su actitud, estafan al resto de conciudadanos ya que reciben idénticos servicios que todos aportando mucho menos. Por ello es fundamental un cambio de reglas y que se instale, ante la defraudación, la intolerancia social más absoluta.

Es claro que esta medida es un error. Y lo es porque rompe principios básicos de nuestro sistema tributario como son la equidad y la proporcionalidad. Por tanto, en este caso, el estado – como dejó escrito Hobbes en su Behemoth – puede forzarnos a obedecer, pero no a que nos convenzamos de un error.

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