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EL DESPILFARRO CATÓDICO


Publicado en Granada Hoy

En estos últimos años, nuestros dirigentes han actuado como los hijos calaveras de la vieja oligarquía; aquellos que sufragaban sus dispendios endeudándose y daban como garantía la futura herencia. En nuestro caso, los impuestos de los próximos años. Así que, amén de aeropuertos peatonales, parques temáticos de la señorita Pepis y demás panem et circenses disfrutamos o más bien sufrimos junto a los canales autonómicos y nacionales, una miríada de televisiones municipales.

Que la televisión pública ha estado siempre ligada al poder no sorprende a nadie. El premier británico McDonald instaló en su despacho un televisor para ver las emisiones en pruebas de la BBC años antes de que se comenzara a emitir regularmente. Intentar influir en la opinión pública es legítimo, pero hacerlo desde el poder utilizando el dinero de los contribuyentes, se contradice con la democracia. Cuando los medios de comunicación clásicos se complementan con la red y la opinión libre fluye por infinidad de vías, no hay argumento sólido en que basar la utilidad para el ciudadano de una televisión municipal, ni en el ámbito de la información ni en el del entretenimiento. Más aún cuando pretenden hacer televisión generalista, un modelo agonizante, obsoleto y superado en todo el mundo.

En un ejercicio de cinismo político, podría admitirse la utilidad de una televisión pública como medio de manipulación electoral favorable al partido del gobierno. Pero como la calidad de la programación es ínfima y la servidumbre política clara, los índices de audiencia son irrisorios; así que si ese era el objetivo perseguido, la ineficiencia de sus gestores es manifiesta.

Su doble vía de ingresos mediante publicidad y subvenciones es un ejemplo palmario de competencia desleal con el resto de medios de comunicación privados. Incluso así, acumulan pérdidas millonarias que las autonómicas pretenden enjugar despidiendo masivamente para después subcontratar los mismos servicios sin valorar que ese modelo de gestión aunque permite conocer el coste pactado no genera beneficios pues no aumenta los ingresos.

Los mismos que piden al ciudadano sacrificios, hasta ayer inconcebibles, buscan cualquier excusa ridícula para justificar este derroche. ¿Es más importante la televisión que la educación o la sanidad? Es claro que no. Por eso, mantener las televisiones municipales y autonómicas es un fraude al contribuyente. Su ruina es tan evidente como la inmoralidad de su pervivencia. La única decisión sensata es su cierre y si no se quiere hacer por higiene democrática, podría hacerse al menos, para eliminar una de las más innecesarias partidas de gasto público que sufrimos y evitar más esfuerzos al contribuyente.

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