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AL AMPARO DE LAS TOGAS


Publicado en Granada Hoy y Diario de Jerez.

Jueces y fiscales sufren con frecuencia la crítica de los ciudadanos cuando alguna sentencia provoca  una situación socialmente indeseada. Como nuestra tradición democrática es limitada, ideas como la separación de poderes o la independencia judicial han sido más bien, quimeras para soñadores. Por esa razón, no se distingue entre los jueces, cuya misión es aplicar la ley y las Cortes Generales que ejercen la potestad legislativa.

Palacio de Justicia. París (Francia)

Palacio de Justicia. París (Francia)

Ley y justicia no siempre son lo mismo. Cicerón nos dejó en De officiis un conocido aforismo jurídico: Summum ius summa iniuria. La aplicación literal de la ley puede llegar a ser sumamente injusta y así lo vemos en algunas sentencias que se dictan en aplicación estricta de la norma. Con ellas como bandera los demagogos populistas convierten al poder judicial en un fácil chivo expiatorio. Y resulta significativo que a veces, sean los mismos políticos que han legislado una norma tenida socialmente por injusta quienes carguen contra unos jueces que se ven compelidos, en el ejercicio de su responsabilidad, a aplicarla aunque la crean ilegítima y arbitraria. Hoy, la sociedad reconoce la gran labor de jueces y fiscales en la lucha contra la lacra que supone la extendida corrupción que padecemos aunque no entienda que los gobiernos renuncien al ejercicio de la justicia gracias a una reliquia medieval como es el indulto, tantas veces utilizado por razones de conveniencia política y no de estricta justicia.

A diferencia de muchos de nuestros gobernantes, jueces y fiscales conocen la realidad social porque a diario se hace visible en los juzgados. Por eso, los jueces se han erigido en portavoces de una sociedad que reclama una ambiciosa modificación de la legislación hipotecaria. Han sido los decanos quienes presentaron al CGPJ una propuesta unánime que fue desestimada. Y un Juzgado Mercantil de Barcelona es quien ha presentado ante la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE una cuestión, en contestación a la cual se ha emitido el dictamen que declara que nuestra normativa sobre desahucios vulnera la comunitaria.

La ley injusta no es ley y en democracia la vía para su derogación es la del poder legislativo. El proceso de reforma constitucional se completó en un solo mes y en agosto. Sorprende que los mismos partidos que lo hicieron posible se pierdan ahora en vericuetos jurídicos, designando expertos para una comisión de estudio y cayendo en todo tipo de zarandajas dilatorias. Parece justo que si la Ley de financiación de partidos permite, desde octubre de este año, que las entidades de crédito puedan condonar a cada partido hasta cien mil euros cada año, los ciudadanos de a pie disfruten de alguna medida de gracia similar.

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