EL MÁS LARGO VIAJE. BITÁCORA DE LUIS G. CHACÓN.

LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO


La mayoría de las centenarias y en tiempo beneméritas Cajas de Ahorros han desaparecido de nuestro mapa bancario gracias a la dislocada, errática y pésima dirección de sus gestores políticos. Más preocupados por crecer que de hacerlo sobre sólidos cimientos y obsesionados con convertir las entidades en su particular fondo de reparto de prebendas, generaron balances de calidad ínfima y en palabras de un castizo, con más peligro que una caja de bombas. Nacionalizadas con dinero del contribuyente, alguna de ellas se ha convertido en un auténtico pozo sin fondo en el que enterrar miles de millones de euros que hubieran sido mucho más eficientes invertidos en economía productiva.

Antes de ponerlas a la venta, el estado sacó de sus balances todas aquellas operaciones vinculadas a la burbuja inmobiliaria cuyo cobro resulta más que improbable, utópico, con la idea de quitarles lastre. Pero las sentinas ocultan tantas sorpresas que los potenciales compradores, aún pagando precios irrisorios, exigen la constitución de Esquemas de Protección de Activos (EPA). Estos son aportados por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) mediante avales públicos – si, otra vez acaba pagando el contribuyente – que se ejecutarán en el caso de que los compradores sufran pérdidas tras deshacerse de las carteras de préstamos. Las amplias redes comerciales aportan tan poco valor que se están liquidando a precios de derribo cuando no se han cerrado directamente, sin plantearse plan de viabilidad alguno.

Resulta por ello llamativo que la prensa especializada haya recogido la noticia del interés despertado por la cartera de hipotecas basura de Catalunya Banc. Esta entidad es la heredera directa de Catalunya Caixa, surgida tras la fusión de tres cajas, Catalunya, Terrasa y Manresa. Se ha publicado que unos cuarenta fondos de inversión se han interesado por la compra de una cartera de 6.500 millones de euros compuesta de operaciones morosas o directamente fallidas.

Todo derecho de contenido económico puede cederse. Aunque mucha gente no sea consciente de ello – ya que no es habitual leerse con atención los cuarenta o cincuenta folios de escritura pública, redactados en un lenguaje jurídico-financiero no siempre tan claro como sería deseable – la gran mayoría de hipotecas otorgadas para la adquisición de vivienda incluyen una cláusula que permite a la entidad prestamista vender el derecho de crédito a un tercero, total o parcialmente y temporal o definitivamente, sin necesidad de comunicarlo al prestatario ni de obtener su conformidad. Es claro que dado que éste no va a sufrir ninguna modificación en las condiciones pactadas, plazo de devolución y tipo de interés, no parece que exista abuso alguno ya que incluso el pago seguirá realizándolo a la misma entidad concedente.

Sin embargo, los problemas vienen ahora. La cartera de Catalunya Banc está considerada como la peor de España ya que más o menos la mitad son morosas y el resto o están refinanciadas o responden al criterio de sub estándar. Para entendernos, fueron concedidas a titulares cuyas condiciones económico-financieras no alcanzaban las condiciones mínimas exigibles que garantizaran la devolución en una operación de este tipo. El riesgo de pérdida de todas estas operaciones es tan elevado que no les cuadra mal el adjetivo basura. Los posibles compradores se han especializado en la recuperación de activos y su beneficio surgirá de la diferencia entre lo que consigan cobrar y la suma del precio de adquisición y los costes de reclamación. Por ese motivo las ofertas son muy bajas, a veces no alcanzan ni el diez o quince por ciento de la deuda.

En caso de que las entidades afectadas aceptaran esos precios, deberían recoger en sus balances enormes pérdidas que volverían a hundirlas en el pozo de la quiebra. ¿Quién asumirá esos costes? Evidentemente, el FROB, o lo que es lo mismo, el estado y en definitiva, usted y yo. Para poder afrontarlo se emitirán bonos que acabaremos pagando los ciudadanos. Ese es el motivo del interés mostrado. A los fondos de inversión, denominados fondos buitre en el argot, lo que les atrae no es la cartera en sí, sino las garantías que ofrecerá el FROB. Se estima que la ayuda – otra más – no superará los 1.500 millones, aunque podría ser mayor. Al menos, de esta forma se limita la pérdida ya que en el caso de ofrecer un EPA no tendría límite y podría llegar a ser igual a la cartera total. Pobre consuelo, desde luego. Como el plazo del aval es de diez años se supone – sólo se supone ya que nadie puede garantizarlo – que la economía crecerá y por tanto, las pérdidas serán menores. De ilusión también se vive.

Por otra parte tampoco es pequeño el problema social que supone ceder estas operaciones a empresas cuyo único objetivo es recuperar la inversión y que en ningún caso van a mostrar la menor compasión hacia los deudores ni ante sus circunstancias personales ya que ni siquiera deben temer por su reputación social – lo que si ocurre con bancos y cajas – puesto que la mayoría son vehículos extranjeros de inversión.

En conclusión; los contribuyentes vamos a pagar el desaguisado por un importe muy superior al que hubiera supuesto cerrar y liquidar unas entidades en quiebra. Además no se consigue ninguno de los supuestos objetivos que se nos vendieron; ni se han mantenido los puestos de trabajo – el sector financiero ha liquidado miles de ellos – ni se han salvado las entidades – hoy están troceadas cuando no han desaparecido – ni la vinculación al territorio – pertenecen a grupos bancarios diversos – ni se ha respetado el sufrimiento de miles de familias que si no han sido desahuciadas, lo serán sin contemplaciones.

En definitiva, una de las decisiones más soberanamente estúpidas que se han tomado en lustros por parte de un gobierno. Sólo se ha conseguido hacer daño y hacerse daño. Nadie gana, quizá – tampoco está tan claro – los fondos buitre. Una actuación sobresaliente, desde luego.

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