EL MÁS LARGO VIAJE. BITÁCORA DE LUIS G. CHACÓN.

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¿Y SI PERSONALIZAMOS PARO Y JUBILACIÓN?


¿Por qué no cambiamos la mentalidad? Dejemos de confiar ciegamente en papá estado. Convirtámoslo en un tío o un padrino al que sólo recurriríamos en un momento desesperado y seamos leales a nosotros mismos. Comentábamos en una entrada anterior como esa opción de dejarnos proteger por una superestructura que se autocomplace de sí misma, se acaba convirtiendo en una pesadilla. Quizá porque el estado más que como un padre se comporta como la madrastra de Blancanieves y no es tan tierno con nosotros como inocentemente esperamos. O al menos, nunca cumple lo que promete.

El gran fraude intelectual del estatismo ha consistido siempre en trazar una gruesa línea de división entre el ciudadano y el estado que se presentan como dos personas distintas, casi enfrentadas, dependientes y entre las que hay una cierta relación de servidumbre desde el individuo hacia la superestructura que dice representar a la colectividad. Ese planteamiento de prevalencia del estado obvia que es él quien realmente depende del ciudadano y no al contrario. Visto desde un punto de vista financiero, el estado no es diferente a una comunidad de propietarios en la que todos contribuimos a los gastos derivados de las zonas comunes pero somos profundamente celosos de nuestra intimidad, de nuestra esfera privada y de nuestras propiedades.

En el caso de los subsidios debería ocurrir algo parecido. El carácter tuitivo del derecho laboral se ha dado desde que las relaciones jurídicas entre trabajador y empresario salieron de la esfera del derecho privado para incorporarse, al menos en lo que respecta a los requisitos mínimos a cumplir, al derecho público. La ley debe proteger al trabajador porque se entiende que es la parte débil de la relación pues la oferta de mano de obra siempre es superior a la demanda. Además, el mantenimiento de la paz social es fundamental en la cotidianidad de una sociedad desarrollada y para ello resulta más indicado llegar a un amplio consenso que satisfaga a todas las partes que imponerla por la fuerza de los guardias.

Hagámonos algunas preguntas: ¿Qué cubre la protección social? Desempleo y jubilación. ¿Quién pone el dinero? Los propios trabajadores. ¿Y cuál debería ser la misión del estado en todo ello? Pues, básicamente, debería reducirse a garantizar que la gestión de esos fondos es correcta y que no se realiza en perjuicio de los trabajadores.

Dicho esto, no estaría de más que se aplicaran criterios de gestión privada. En primer lugar, los trabajadores deberían recibir una nómina en la que se incluyera todo el coste laboral que suponen para la empresa que es, al fin y al cabo, la producción mínima que debe exigírseles. Y desglosar claramente que cantidades aportamos para pensiones, desempleo y formación.

Y a partir de aquí, el sistema sería muy sencillo. Cada trabajador dispondría de una cuenta personalizada que se nutriría mensualmente con el objetivo de que el titular de la misma generara un ahorro suficiente como para disponer de los fondos necesarios para recibir una pensión determinada en el momento de su jubilación. La ley sólo debería establecer las cantidades mínimas a aportar y las máximas a percibir en los casos de enfermedad o desempleo, en ambos casos una vez realizados los correspondientes cálculos actuariales que deberían revisarse periódicamente. La razón de establecer mínimos es lógica; el estado – es decir, el resto de ciudadanos – debería cubrir los desfases y sería injusto que quien ahorre acabe pagando la pensión de quien no lo hizo, lo que nos recordaría la vieja fábula de la cigarra y la hormiga. Es el mismo motivo el que apoya la idea de establecer máximos en las prestaciones recibidas; cada euro que se detraiga de la hucha rebaja la cantidad final a recibir. Y por supuesto, cada ciudadano, en uso de la libertad de planificación de su propia vida podría decidir si quiere elevar sus aportaciones en períodos concretos.

Supongamos que un trabajador desarrolla su carrera profesional sin pasar nunca por una situación de baja o desempleo. Cuando llegue a la edad de jubilación recibirá todo ese ahorro en forma de renta vitalicia.

¿Qué ocurre ante una baja por enfermedad? Las cantidades que cubren esa circunstancia se recibirían del ahorro generado durante los años que el trabajador haya aportado fondos a su cuenta personalizada.

¿Y ante un despido? La indemnización, en vez de cobrarla el empleado, se ingresaría en su cuenta. Y del montante existente podría recibir el subsidio correspondiente. En este caso, si el trabajador no lo cree necesario por disponer de ahorros propios, podría recibir cantidades inferiores a las que determine la ley o incluso ninguna sin perder ni un céntimo de su ahorro.

Sería interesante que todo ese ahorro se separara dos cuentas; una para bajas temporales – sean por desempleo o enfermedad – y otra para la definitiva por jubilación que absorbería el remanente de la otra en el momento de producirse el retiro.

En este planteamiento, el estado sólo aparecería como una especie de reasegurador. El dinero público se utilizaría para pagar a quienes hayan agotado los fondos de su cuenta por causa de un desempleo de larga duración o cuando no quede remanente para pagar la pensión.

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1 comentario

  1. Un planteamiento magistral, lógica en su estado puro, justicia y equidad. Sea.

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