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DEUDA BILLONARIA


Publicada en Granada Hoy.

Quizá porque el verano actúa de sordina no se ha prestado atención a una noticia que en cualquier otro momento habría provocado un inmediato revuelo político y mediático. A 30 de junio, la deuda pública española era superior al billón de euros y se estima que se igualará al PIB en unos meses. Sólo entre 1900 y 1909, la deuda pública española fue tan alta. Entonces, a causa de la pérdida de los restos del imperio colonial y hoy por la crisis económica, el despilfarro de dinero público, la burbuja inmobiliaria y el rescate de las Cajas de Ahorros.

En 2007 sólo debíamos un 36% de PIB y había que ser muy cenizo para predecir que íbamos a alcanzar unas cifras tan mareantes a consecuencia de una crisis que empezaba a enseñar los dientes. De hecho, nuestra posición entre los países de la UE ha pasado de estar bajo la media a encabezar el pelotón de deudores junto a las economías intervenidas -Grecia (174%), Portugal (133%), Irlanda (124%) y Chipre (112%)– y dos clásicos de la deuda pública como Italia (136%) y Bélgica (105%).

Es importante señalar que estos datos -el absoluto del billón de euros o el relativo de su igualación con el PIB- tienen un valor más psicológico que financiero. Lo más importante en una  deuda nunca es su volumen sino el tipo de interés y el plazo que determinan su coste total. Y más aún, la capacidad de devolución que acredite el deudor.

Evolución de la Deuda Pública Española (1990-2013)

Evolución de la Deuda Pública Española (1990-2013)

Es cierto que nos financiamos a tipos muy bajos. Pero también lo es que hasta Grecia emite a tipos razonables o que Italia, Portugal e Irlanda pagan intereses similares a los de España. Por tanto, es más una condición general de mercado que un mérito atribuible a los solicitantes de crédito. En este caso, puede más el miedo a la deflación que el riesgo que suponen los deudores. La deuda pública es un valor refugio que enjuga la pérdida de poder adquisitivo en el escenario deflacionario que muchos auguran y con el que llevamos tiempo coqueteando.

Un país financiado ordenadamente solicita al mercado fondos a corto plazo para cubrir las diferencias de tesorería que surjan entre la recaudación impositiva y los pagos comprometidos. Así, al finalizar el ejercicio, el saldo de esa cuenta será cero y no existirá déficit presupuestario corriente. Por otra parte, las inversiones siempre deben financiarse con deuda a largo para ajustar el plazo de devolución al de la vida útil -a pleno rendimiento- de la infraestructura financiada y hacer más cómodo el repago de la deuda. En cambio, la realidad nos demuestra que ni siquiera en los años de bonanza se cumple un esquema tan sencillo y razonable. Así que es habitual que la renovación indefinida de deuda a corto o su consolidación a largo, haga que el gasto corriente se acabe de pagar cuando ya ni se recuerda. Además, la política de alargar los plazos de devolución aunque siempre genera un alivio inmediato en la tesorería del estado lo hace a cambio de asumir un coste final mucho más elevado.

Evolución de la Deuda Pública Española (1990-2013)

Evolución de la Deuda Pública Española (1990-2013)

Como señalaba antes, el volumen de deuda o su relación con el PIB son cuestiones baladíes si las comparamos con la única importante, la capacidad de pago. Una deuda elevada, aunque sea barata, exige dedicar al pago de intereses, importantes fondos públicos que se retirarán de otras partidas, en muchos casos necesarias y socialmente demandadas.

El problema de España es el déficit. El estado sigue gastando más de lo que recauda y esa es la razón del incremento de la deuda que a este ritmo no podrá bajar del 60% en 2020 como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria nacida de la reforma exprés de la Constitución votada en el verano de 2011.

Sin ingresos suficientes para reducir el volumen de lo adeudado sólo se consigue mantener a raya al fantasma de la quiebra que seguirá al acecho. Y si sólo se pueden devolver los intereses, cualquier oscilación del coste de financiación abocará al deudor a la ruina. Ante esta realidad un estado puede buscar el superávit presupuestario o conformarse con mantener un déficit razonable. En el primer caso amortiza deuda con el excedente y en el segundo, si se le une un crecimiento sólido y una recaudación estable, el problema se diluye y la ratio de deuda baja, sea cual sea su volumen bruto siempre que el crecimiento sea superior al déficit. Supongamos un PIB y una deuda iguales a 100, un crecimiento del 5% y un déficit del 3%. Al año siguiente el PIB será 105, la deuda 103 y su relación 98%. Fue así como España redujo su endeudamiento entre mediados de los noventa y 2007, ya que sólo en el período 2005-2007 hubo superávit presupuestario.

Ahora bien, la política oficialmente adoptada es la de una supuesta austeridad que sólo se exige al contribuyente con subidas de impuestos y recortes de prestaciones. La cacareada austeridad no se ha aplicado ni al excesivo tamaño de la administración ni al desmesurado coste de un sector público ineficiente e innecesario. Son esas reformas tantas veces anunciadas y nunca puestas en práctica las que permitirían a nuestra economía reducir deuda y crecer de modo sostenido y potente. Pero parece que los objetivos de las decisiones políticas se limitan a mantener su status quo.

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