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DE LOS ARREGLOS DE LA DEUDA AL REPUDIO FRANQUISTA


La última crisis grave de la Deuda Pública española se produjo una vez terminada la Guerra Civil. Es importante señalar que además de las quiebras que hemos ido desgranando someramente en las últimas dos Notas de esta sección, los diversos gobiernos españoles, sin llegar a declararse en bancarrota deambularon a lo largo de los siglos XIX y XX por el tortuoso camino de las renegociaciones, arreglos y acuerdos con acreedores externos similares a lo que hoy se denomina – como ocurrió en el caso de Grecia – reestructuración de la deuda.

No se consideran bancarrotas porque se trata de pactos entre el deudor y los acreedores en el que ambos buscan mejorar su situación. El país endeudado porque reduce la carga y el servicio de la deuda y los prestamistas porque se aseguran cobrar la mayor parte del capital prestado aunque lo hagan en un plazo dilatado en el tiempo. Es más, en ocasiones la emisión de deuda tiene carácter perpetuo lo que significa que la amortización de la misma se realizará en función de las disponibilidades del deudor y por tanto, el plazo real será indefinido ya que como decía el Decreto de marzo de 1928 la deuda perpetua no es eterna. Aunque actualmente no existan ese tipo de emisiones la amortización de la deuda a corto plazo mediante la emisión de títulos idénticos hace que a efectos financieros la situación sea idéntica.

La mayoría de arreglos realizados a lo largo de siglo XIX excepto las reestructuraciones de Bravo Murillo en la década de 1850 y la de Salaverría en 1876 fueron acordados, lo que multiplicó el número de clases y categorías de títulos en circulación.

Al principio de la Restauración borbónica de 1879 la situación de la deuda parecía abocar al país a una quiebra escandalosa: su volumen duplicaba la renta nacional y multiplicaba por dieciséis el gasto del estado a la vez que consumía en intereses el 40% del presupuesto. Pero la estabilidad impulsada por el pacto de El Pardo entre Cánovas y Sagasta permitió el arreglo realizado por el ministro Camacho en 1881 que buscó simplificar los tipos de títulos públicos, disminuir la deuda y reducir las cargas financieras en el presupuesto.

Para hacerlo, se emitieron títulos a largo plazo y bajo la par. Es decir una obligación de 100 unidades monetarias se canjea por 80 u.m. de deuda antigua. Así el tenedor gana esos veinte puntos que le compensan junto a la ampliación del plazo, la bajada de tipos de interés.

En 1898, con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas acabó el otrora inmenso Imperio Español que dejó una metrópoli altamente endeudada. Las cargas de la deuda volvían a representar más del 40% del presupuesto lo que obligó a una nueva reestructuración que afrontó Fernández Villaverde. Para no aumentar la presión fiscal general implantó el impuesto del 20% sobre los rendimientos de la deuda lo que redujo en el mismo porcentaje la carga de intereses. El éxito de este arreglo se debió al método ortodoxo de amortizar la deuda contra el superávit presupuestario que se consiguió de 1899 a 1908.

Ya en el siglo XX este tipo de conversiones fueron menos habituales y los gobiernos fueron cada vez más respetuosos con los derechos de los inversores que cada vez eran más puesto que la Deuda Pública se convirtió en la inversión refugio por antonomasia. Otra forma de acomodar la deuda a las necesidades del estado fueron las consolidaciones de los títulos de deuda flotante. Se trataba de reestructurar la deuda sin declarar crisis alguna mediante la conversión de Deuda del Tesoro (a corto plazo) en Deuda del Estado (a largo plazo). Así lo hicieron Alba en 1917, La Cierva en 1919 y Calvo Sotelo en 1927-28.

La consolidación de Calvo Sotelo se transformó en una conversión igual a las que más tarde llevarían a cabo Chapaprieta en 1935 y Larraz en 1939. Todas ellas estuvieron impulsadas, no por graves problemas financieros sino por la favorable coyuntura de los mercados que permitían al país reducir su endeudamiento mediante canjes de títulos antiguos por otros nuevos. Se trataba de conversiones facultativas; es decir, si el tenedor no aceptaba el canje, asumía que el Tesoro podía amortizar la Deuda vieja lo que permitía reducir la enorme variedad de títulos que llegaron a existir en el mercado.

Por último, tras la guerra civil, se produjo el arreglo de Larraz que suspendió la amortización de títulos hasta 1946 y reordenó la deuda mediante emisiones de deuda amortizable y perpetua libres de impuestos.

Pero lo más destacable de los primeros gobiernos del franquismo fue el repudio de la deuda republicana que técnicamente fue un impago. Inicialmente se reconoció la deuda de la II República anterior a 1936 y todas las emisiones del bando ganador de la guerra civil pero la deuda del bando republicano no se abonó nunca ni tampoco se reconoció el papel moneda emitido. Por ese motivo se califica como la última bancarrota de España.

 

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