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MONSIEUR D’HONDT NO ES CULPABLE


Publicado en Granada Hoy.

Es un clásico de nuestras resacas electorales achacar a la Ley d’Hondt la aparente falta de representatividad de nuestro parlamento. Y digo aparente, porque la queja  se basa en la diferencia entre el porcentaje de votos obtenido a nivel nacional por algunos partidos y los escaños obtenidos, obviando otras cuestiones como la gobernabilidad. Víctor d’Hondt fue un profesor en la Universidad de Gante y un gran defensor de la proporcionalidad de los sistemas electorales que en su época –segunda mitad del XIX- eran uninominales y mayoritarios. Lo único que hace su denostado sistema es repartir el voto favoreciendo al cociente más alto de modo que los escaños de cada circunscripción acaben en manos de quien tenga más votos de media. Nada más.

Palacio de las Cortes. Madrid (España).

Palacio de las Cortes. Madrid (España).

Hay que destacar que un sistema proporcional no es más ni menos democrático que uno mayoritario. De hecho, las dos democracias parlamentarias más antiguas del mundo, el Reino Unido y los EE.UU, eligen a sus representantes con sistemas uninominales a una vuelta. Lo que si debe exigirse al sistema electoral es que aúne la representatividad social y la gobernabilidad del país. Si la proporcionalidad es excesiva puede ocurrir que partidos muy minoritarios mediaticen la labor del gobierno como es norma en la Knesset israelí votada en circunscripción única.

La relativa proporcionalidad de nuestro sistema electoral se debe a las circunscripciones provinciales establecidas en la Constitución (art. 68.2) y en el mínimo de dos diputados por provincia (art. 162.2 de la Ley Electoral). Como Ceuta y Melilla eligen sendos diputados; 102 escaños no responden a criterios proporcionales. Son los 248 restantes, el 70% de la cámara, los que se reparten de acuerdo a población. Es eso lo que provoca que las provincias pequeñas estén sobrerrepresentadas y se quiebre el principio de un hombre, un voto.

La mayor queja viene de los partidos pequeños. En particular IU-UP que con el 3.67% de los votos, tiene 2 escaños en lugar de 12.8 (su porcentaje sobre 350). Pero hay que insistir en que su problema real es la dispersión de los apoyos. En contra de lo que se proclama no se beneficia a los partidos regionalistas o nacionalistas. En estas elecciones, ERC con el 2.39% (8.4 diputados sobre 350) obtiene 9; DiL (2.25% de los votos o 7.9 escaños) gana 8; PNV (1.20% o 4.2 asientos), 6; BILDU (0.87%, 3 puestos), 2 y CC (0.33% del voto o 1,2) alcanza 1 diputado.

Los beneficiados siempre son los dos más votados por circunscripción. PP y PSOE ganan, sobre un reparto estrictamente proporcional, 22 y 13 escaños respectivamente. Pero la circunscripción única supone condenar al olvido político a las zonas menos pobladas donde se juega muy poco voto quebrando el principio de representatividad. En ese caso, sería lógico exigir un umbral mínimo. Supongamos un 1% del voto válido. El resultado sería: PP, 106 (-17); PSOE, 81 (-9); Podemos, 77 (+8); Ciudadanos, 51 (+11); ERC y DiL, los mismos, 9 y 8; PNV, 4 (-2); UP, 14 (+12) y no entraría BILDU ni CC. Con un mínimo del 2%, el Congreso quedaría con seis grupos, PP, PSOE, Podemos, C’s, UP, ERC y DiL. Y si lo eleváramos al 3%, desaparecerían ERC, DiL y las candidaturas de Podemos en Galicia y Valencia. El sistema obligaría a coaliciones nacionales como en las elecciones europeas.

Sin modificar la Constitución, las posibilidades de hacer más proporcional la composición del Congreso sólo son dos: aumentar el número de escaños a 400 como permite el artículo 68.1 y reducir el mínimo provincial a un diputado. De ese modo, se repartirían por criterios de población 348 escaños, un 87% de la Cámara. Y los de Ceuta y Melilla estarían muy cerca de responder a la ratio escaño/población.

Con 350 escaños y un mínimo legal de un diputado por provincia el resultado no varía mucho. El PP perdería dos asientos que ganarían DiL y UP. Con igual mínimo y 400 escaños, las urnas hubieran dibujado este Congreso: PP, 129; PSOE, 99; Podemos, 86; C’s, 49; PNV, 7; ERC, 10; DiL, 10; BILDU, 3; UP, 6 y CC, 1. Si suman, verán que nos quedamos igual, ya que ni PP-C’s, ni PSOE-Podemos-UP alcanzarían los 201 escaños necesarios para gobernar en este caso.

Más ambicioso sería modificar la Ley Electoral afrontando una reforma constitucional que elimine la provincia como circunscripción, la cambie por la Autonomía; eleve el número de diputados a 400 y mantenga el mínimo en uno por circunscripción. Con los datos del 20-D se dibujaría la siguiente cámara: PP, 127; PSOE, 93; Podemos, 86; C’s, 52; UP, 10; ERC, 10; DiL, 10; PNV, 5; BILDU, 4; y CC, 1; Unió, 1 y NOS, 1. Tampoco hay una mayoría clara de gobierno.

Pero esa modificación requeriría, para que las Comunidades Autónomas pequeñas no quedaran fuera del juego político, establecer un Senado reducido, al modo del estadounidense, con dos o tres senadores por Comunidad y elevar por encima de 400 el número de diputados. En definitiva, modificar la Ley Electoral no va a cambiar en exceso la imagen política del país pero si se afronta una reforma constitucional debería exigirse un consenso que respete el principio de igualdad entre los ciudadanos y concilie representatividad, proporcionalidad y gobernabilidad. No será, por tanto, un camino sencillo.

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