POPULAR: EL FIN DE UNA ERA

Publicado en El Semanal Digital.

La intervención del Banco Popular ha sido la primera realizada en la UE utilizando el esquema previsto por la regulación de la Unión Bancaria. Triste final para una entidad que fue durante años un modelo de gestión prudente, de solvencia y de eficiencia bancaria. El Mecanismo Único de Supervisión ha actuado de modo rápido y resolutivo. Nadie era ajeno a que la situación del Popular se deterioraba por días. Por eso, cuando el BCE manifestó que su posición de liquidez era insostenible y que el banco se acercaba peligrosamente a la insolvencia, el fantasma de la intervención se hizo realidad.

La Unión Bancaria, tantas veces solicitada durante los años más duros de la crisis financiera, ha supuesto que la Junta Única de Resolución tomara el control de la entidad una vez cerrados los mercados que, dicho sea de paso, la habían desahuciado. Basta comparar el precio de salida de su última ampliación con la última cotización. En un año, las acciones cayeron con estrépito desde 1,60 € hasta unos escasos 30 céntimos.

Es terrible recordar que hace diez años – el 17 de abril de 2007 alcanzó su máxima capitalización – el Banco Popular valía en Bolsa 19.500 millones; el martes pasado había caído a 1.300 millones y ayer, amaneció valiendo un simbólico euro que es lo que Santander ha pagado por los rescoldos de la que un día fue la entidad más rentable del mundo. Y lo peor de todo es que además, en este decenio, los gestores del Popular han desperdiciado 5.500 millones que captaron en tres ampliaciones de capital y que la valoración del experto independiente, solicitada por las autoridades europeas da al banco un valor de 2.000 millones negativos en el mejor de los escenarios. ¿Cómo puede una empresa dilapidar 27.000 millones de euros en diez años? Está claro que con una gestión pésima de la que deberían responder sus responsables ante los accionistas a los que, sin paliativo alguno, han arruinado.

El mecanismo de resolución es técnicamente impecable. Quien debe asumir los costes de una quiebra son los accionistas de la empresa, no los contribuyentes. Y si además de los accionistas hay que recurrir a los inversores que adquirieron títulos convertibles en acciones, estamos ante una exigencia natural en el mercado financiero. Desgraciadamente, muchos pequeños accionistas no disponen de la capacidad de inversión ni de los departamentos de análisis que otros, como Credit Mutuel o Allianz, accionistas de referencia de Popular, si tienen. Pero ser accionista conlleva riesgos y eso es algo que todo inversor ha de asumir siempre, que será él y no el conjunto de la sociedad quien asuma las pérdidas de su empresa. Es muy importante recordar que la nueva normativa europea también permite, en el procedimiento de bail in, recurrir a los saldos de los depositantes por encima del importe garantizado de cien mil euros. No ha ocurrido esta vez pero ese recurso sí se aplicó en Chipre y nadie puede garantizar que no ocurra en otra circunstancia futura.

La quiebra del Popular traerá consecuencias inmediatas. Más de trescientos mil accionistas han perdido la totalidad de su inversión. Entre ellos, y las noticias aparecerán poco a poco, habrá también Fondos de Inversión y de Pensiones que acabarán perjudicando los ahorros de más de un ciudadano ajeno a que su inversión estaba en un banco del que nunca fue cliente pero sí, indirectamente, propietario. Una razón más para exigir transparencia a los gestores del ahorro ajeno y a los supervisores públicos. Miles de trabajadores van a ver en peligro su puesto de trabajo. La red del Popular estaba ya sobredimensionada; así que si el propio Santander está reduciendo la suya, no parece posible que no liquide una parte muy importante de la que acaba de comprar, más cuando no es rentable. Y por último, muchas empresas van a ver peligrar su financiación actual o futura. La política de concesión de riesgos del Popular ha sido mucho más laxa que la que practica el Santander. Así que en unos meses, miles de empresas verán que en estos casos, uno más uno (el riesgo concedido por cada entidad por separado) no sólo no es igual a dos sino que puede sumar, incluso, menos de uno. Algunas serán incapaces de soportar ese recorte o de encontrar sustituto con las consecuencias que ello supondrá para su negocio o incluso para su supervivencia.

Sin duda alguna, la intervención del Banco Popular marca el fin de una era bancaria caracterizada por la exposición al ladrillo, la relajación de las políticas de concesión de créditos, las aventuras de inversión en activos de muy dudosa rentabilidad y sobre todo, la era de la despreocupada asunción del riesgo moral. Esa circunstancia que ha permitido a la banca arriesgarse sabiendo que lo hacía teniendo la red del dinero público para pagar sus desaguisados. Una red que ayer desapareció y espero que para siempre. A partir de hoy, los accionistas deberán ser más cuidadosos con sus inversiones y más exigentes con los gestores de su patrimonio.