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El reciente archivo de las actuaciones judiciales que llevaron a dimitir a la señora Oltra, así como la definitiva absolución del señor Camps de las acusaciones que liquidaron su carrera política, han puesto sobre la mesa la exasperante lentitud de la Administración de Justicia. Los encendidos debates en las tertulias son tajantes contra la «pena de telediario» y la necesidad de reparar el daño causado a los cargos públicos afectados por esta delirante politización judicial en la que los partidos se constituyen en parte de los procedimientos penales que les permiten rebañar votos, desentendiéndose del afán de hacer justicia. La polarización social incita a que la mera investigación de una denuncia contra cualquier ciudadano que goce de alguna relevancia, convierta a muchos en implacables jueces que sentencian la culpabilidad inapelable de los contrarios y la indiscutible inocencia de los propios, sin preocuparse del fondo de la cuestión, amén de ser legos en derecho.
Quizá, el hecho de que sean ya muchos políticos quienes estén sufriendo en carne propia dilaciones, retrasos y demás inconvenientes derivados de la absoluta falta de medios de nuestra Administración de Justicia, les haga ver el enorme daño que están causando a la sociedad en su conjunto y al propio país por haberse desentendido durante decenios de la modernización de una pieza clave de la estructura constitucional, jurídica y social de España. La imprescindible seguridad jurídica exigible a un país del primer mundo no es un capricho. Que en los juzgados se amontonen legajos de documentación en la era de la digitalización es una vergüenza. Esta situación provoca injusticias, ralentiza la economía, desanima la inversión, perjudica la convivencia y destroza a las familias. Tenemos la mitad de jueces, fiscales y LAJ por cada cien mil habitantes que la media europea, por no hablar de forenses y demás profesionales necesarios para ofrecer un servicio ágil y eficiente. La modernización de la Justicia es, a día de hoy y más allá de algún lavado de cara, una quimera. Y la litigiosidad, más que reducirse, aumenta por la falta de medios.
Ojalá, tras experimentar en carne propia la desazón y el dolor de tantos perjudicados, sean los partidos capaces de dejar de chillar para placer de sus huestes y activen un plan que dote a nuestra justicia de los recursos que requiere. Pero tampoco será este año. Ni siquiera hay presupuestos.
EL MÁS LARGO VIAJE. BITÁCORA DE LUIS G. CHACÓN. 